Esta es la frase que resume el sentimiento de Aristóbulo del Valle: «Condena sin justicia». Cuando la prisión preventiva se prolonga innecesariamente por la inercia de la feria judicial, deja de ser una medida cautelar y se convierte en una pena de cumplimiento efectivo para alguien que todavía es inocente ante la ley.

​​Bajo el título de «investigación», la Justicia está ejecutando una condena de hecho. El Dr. Ernesto Ramp no ha sido vencido en juicio, no tiene antecedentes y no representa un peligro para la sociedad; sin embargo, ya lleva más de un mes en una celda.

​¿Por qué hablamos de una condena anticipada?

​El castigo del tiempo: En el derecho penal, la libertad es el bien más preciado después de la vida. Privar a un hombre de ella por motivos administrativos es una violación a las garantías constitucionales.

​El estigma social: Mientras la justicia descansa, el daño moral y profesional a un exdirector de hospital se profundiza. Para el sistema, es un número de expediente; para el pueblo, es un médico respetado que fue empujado a una situación límite para salvar su propia vida.

​La estrategia de la defensa se choca contra una pared de trámites suspendidos. Si no hay jueces que firmen, no hay justicia que llegue. Así, la detención se vuelve perpetua por omisión administrativa.

Ha pasado más de un mes desde aquel fatídico hecho que cambió la vida del Dr. Ernesto Omar Ramp. Lo que comenzó como un reclamo por una deuda comercial —derivada de la venta de un camión— terminó en un violento episodio en una concesionaria de Oberá que hoy lo mantiene tras las rejas, imputado por «homicidio simple» tras el fallecimiento de uno de los involucrados.

​Según la reconstrucción de los hechos y la declaración del propio médico, Ramp se presentó en el local para cobrar un dinero que se le adeudaba. Allí, sostiene su defensa, fue abordado por tres hombres. El profesional afirma que fue atacado primero con un palo y un arma blanca, y que su reacción no fue otra que la de defender su integridad física ante una clara superioridad numérica.

​»Él no fue a buscar un conflicto, fue a cobrar lo que le pertenecía y terminó luchando por su vida», señalan desde su entorno cercano. Tras el incidente, Ramp no intentó huir; por el contrario, se presentó voluntariamente ante la comisaría de Aristóbulo del Valle, entregó elementos de interés y se puso a disposición de la Justicia, lo que refuerza el argumento de que siempre estuvo ajustado a derecho.

​»No se pide impunidad, se pide coherencia. Mantener preso a quien se defendió de una patota y luego se entregó, es decirle a la ciudadanía que, ante la ley misionera, la víctima y el victimario valen lo mismo durante el mes de enero».

​​Mientras el expediente junta polvo en el despacho del Juzgado N° 2, afuera hay un pueblo que no olvida. La legítima defensa es un derecho, no un crimen. Pero en Misiones, parece que ejercer ese derecho en temporada de vacaciones tiene como precio la cárcel.

La detención del Dr. Ramp ha calado hondo en Aristóbulo del Valle. No se lo ve solo como un profesional de la salud, sino como un vecino respetado que durante meses dirigió el hospital local. Esta cercanía se tradujo en una movilización masiva: ya se han recolectado miles de firmas exigiendo su libertad.

​Los vecinos aseveran una supuesta «vara distinta» por parte de la justicia. Argumentan que, en otros casos de similar tenor o incluso con menores garantías de sujeción al proceso, los acusados han obtenido la excarcelación o la prisión domiciliaria con mayor celeridad.

​Situación procesal: cambio de abogados y espera

​Recientemente, el Dr. Ramp renovó su equipo legal con el objetivo de dar un giro a la estrategia judicial. La nueva defensa insiste en que no existe peligro de fuga ni entorpecimiento de la causa, dos pilares fundamentales para mantener una prisión preventiva. Sumado a ello las complicaciones en la salud del profesional y la de sus familiares directos que requieren seguimiento y atención permanente.

Sin embargo, el Juzgado de Instrucción N° 2 de Oberá mantiene una postura cautelosa. El fallecimiento de Daniel Marco (55) agravó la carátula, y aunque la defensa intenta demostrar que el arma utilizada pertenecía originalmente a los agresores y que Ramp logró desarmarlos, el juez aún no ha dado lugar a los pedidos de morigeración de la pena.

​Mientras tanto, en las calles de Aristóbulo, el pedido es uno solo: que el proceso continúe, pero con el médico en libertad. La justicia tiene ahora la palabra final sobre si la «legítima defensa» es motivo suficiente para que Ramp espere el juicio en su hogar.

Parece haber una máxima no escrita: si te toca defender tu vida frente a una patota en diciembre, preparate para que el Estado te olvide en una celda hasta que los aires acondicionados de los juzgados vuelvan a encenderse en febrero. El caso del Dr. Ernesto Ramp no es solo una crónica policial; es el espejo de una justicia de feria que, bajo el pretexto de la burocracia administrativa, ha decidido aplicar una pena anticipada sin condena.

​Es inadmisible que, un ciudadano con arraigo, sin antecedentes y que se presentó voluntariamente ante la ley, siga privado de su libertad. ¿Cuál es el criterio real para mantenerlo tras las rejas? ¿Existe un peligro de fuga real de un hombre que se entregó y brindó su testimonio apenas ocurrido el hecho? ¿O es, simplemente, la comodidad?

​La «postura cautelosa» no es otra cosa que inacción. Es más fácil dejar a un hombre preso y esperar a que el calendario marque febrero que sentarse a analizar las pruebas de una legítima defensa que clama al cielo. Se investiga un homicidio, es cierto, y hay una vida que se perdió. Pero la justicia no es una balanza ciega que solo cuenta cuerpos; es un ejercicio de discernimiento que debe entender contextos.

​El Dr. Ramp fue abordado por tres personas. Tres contra uno. En cualquier manual de derecho, eso se llama superioridad numérica y justifica la defensa propia. Sin embargo, para la justicia de Oberá, parece que el médico debería haber esperado a que la feria terminara para poder defenderse.

​Justicia que tarda no es justicia; es simplemente una condena sin sentencia.