Argentina es el único país en el mundo que tiene una ley que obliga al Presidente a apadrinar al séptimo hijo varón, para que «no se convierta en hombre lobo».
En Argentina, la figura del séptimo hijo varón está rodeada de mitos y supersticiones. Sin embargo, existe una insólita ley nacional que convirtió esta tradición en una política de Estado. El presidente Javier Milei quiso eliminarla, pero el Congreso rechazó la iniciativa.
Se trata del Padrinazgo Presidencial, que obliga al presidente de turno a convertirse en padrino de cada séptimo hijo varón nacido en el país. Una mezcla de historia, creencias populares y beneficios concretos.
La idea del lobizón proviene de la cultura guaraní, que describía a un ser mitad humano y mitad bestia, condenado a alimentarse de cadáveres. Esa superstición se unió a otra tradición llegada de Europa del Este.
En Rusia, los zares apadrinaban al séptimo hijo para evitar que fuera abandonado, ya que se creía que podía transformarse en hombre lobo. Esta costumbre llegó a Argentina con los inmigrantes. Pero lo más ridículo es que se lograron los consensos para convertirla en ley.
Milei quiso derogar esta ley inútil con la Ley Hojarasca. El proyecto de ley creado por Federico Sturzenegger fue enviado al Congreso en 2024, aunque no logró los consensos necesarios para ser promulgada.
La Ley 20.843, sancionada en 1974, no solo establece un padrinazgo simbólico. También asegura beneficios educativos para el ahijado y su familia.
El Estado garantiza la gratuidad de los estudios en todos los niveles y la cobertura de materiales, alojamiento y recreación. Una protección que excede de manera insólita lo ceremonial.
Desde su aplicación, mandatarios argentinos apadrinaron miles de casos. Según distintas fuentes, los ahijados presidenciales rondan entre 3.300 y más de 11.000 personas.
El caso de Noah y el padrinazgo de Javier Milei
El 9 de septiembre de 2024 nació Noah, en Santa Cruz. Al ser el séptimo hijo varón de su familia, la ley establece que el presidente Javier Milei debe apadrinarlo de manera oficial.
La norma tiene origen en 1974, durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón, y desde entonces ha generado debates y proyectos para eliminarla.
