Bajo la consigna de buscar eficiencia, el gobernador Hugo Passalacqua inició un proceso de desvinculaciones masivas en el Estado provincial. El ajuste pone fin a jerarquías «imaginarias» y sueldos de privilegio, mientras el oficialismo ensaya piruetas retóricas para justificar el cambio de rumbo.
En lo que parece ser el fin de una era de expansión burocrática, la administración de Hugo Passalacqua ha comenzado a ejecutar un recorte profundo en el organigrama del Poder Ejecutivo.
El Decreto N° 267 publicado ayer, comienza a redefinir la estructura interna del Poder Ejecutivo provincial y elimina unas 114 secretarías, direcciones y otros niveles jerárquicos. Previamente, se anunciaron los despidos en el IFAI que alcanzaron a una cuarta parte de los contratados con relación de dependencia, y el de la secretaria de Turismo Social, Karina Acosta, tras sus desafortunadas expresiones en un video que se viralizó.
Las medidas, que buscan transformar el concepto de «Estado presente» en uno de «Estado eficiente», han impactado directamente sobre la estructura de contratos y cargos jerárquicos que, según fuentes críticas, funcionaban como refugio de una «mano de obra ociosa» con ingresos muy por encima del trabajador promedio.
Mientras los medios afines al oficialismo intentan presentar este ajuste como una gesta épica de modernización, la realidad subyacente es la aceptación de un límite financiero: «no hay plata». Durante años, los contribuyentes misioneros —muchos de ellos empujados a la informalidad para subsistir— sostuvieron una estructura de cargos con funciones difusas y sueldos de privilegio.
Hoy, la narrativa del Estado todopoderoso choca contra la necesidad de un uso racional de los recursos, obligando al gobierno provincial a adoptar, aunque tardíamente, las políticas de austeridad que antes criticaban.
El «Ministro del Ajuste» en una encrucijada
El gran protagonista de esta etapa es el Ministro de Coordinación de Gabinete, Carlos «Kako» Sartori. Quien alguna vez vio en este ministerio un trampolín hacia la gobernación, hoy se encuentra en el rol de salir a justificar el recorte.
A Sartori parece que lo eligieron para ser el “vocero del ajuste”. Lejos quedaron los días en que, desde la intendencia de Campo Grande, fustigaba las propuestas de racionalización estatal de la gestión nacional. Hoy, el ministro debe «poner la cara» para defender decretos que eliminan cargos que él mismo consideraba esenciales hace apenas meses. En sus recientes apariciones, se lo notó resignado, intentando equilibrar su pasado ideológico con la cruda «dinámica política» del presente.
La metamorfosis no termina en la provincia. El diputado nacional Oscar Herrera Ahuad, otrora capitán de la resistencia al ajuste, muestra hoy en el Congreso una notable conversión ideológica, acompañando leyes y proyectos que en campaña juró rechazar.
Estrategias de distracción mediante, como el recurso a la victimización personal, el legislador intenta eludir las facturas políticas de un electorado que observa cómo el discurso del «misionerismo» se adapta camaleónicamente al clima de época.
En medio de la selva misionera, comienza a evidenciarse que el rugido del León es más potente y audible que el del yaguareté, a pesar de la sordera política de unos cuantos dirigentes.
La realidad ha terminado por superar a la ficción discursiva. El ajuste en Misiones no es una elección estética, sino la capitulación de un modelo que ya no puede sostenerse a sí mismo.
Los intendentes y el rigor de la billetera seca
Pero el ajuste no se detendrá en los pasillos de la Casa de Gobierno en Posadas. El próximo capítulo de esta poda fiscal tiene como protagonistas a los intendentes municipales, quienes ya empezaron a sentir el rigor de la billetera seca. Acostumbrados a gestionar bajo el paraguas protector de la provincia, muchos jefes comunales se enfrentan ahora al dilema de replicar la «motosierra» de Passalacqua en sus propios territorios o enfrentar el colapso financiero de sus comunas.
La orden que baja desde el Ejecutivo provincial es clara: no hay salvatajes extraordinarios. Esto obliga a los alcaldes a revisar las plantillas municipales, que en muchos casos responden más a favores políticos de campaña que a necesidades reales de los vecinos. El tiempo de las municipalidades como «agencias de empleo» para la militancia parece haber llegado a su fin; ahora, cada intendente deberá decidir si asume el costo político de las desvinculaciones o si se hunde con una estructura que el esquema actual ya no está dispuesto a financiar.
